El Presupuesto Participativo en Medellín: ¿Participación o imposición? 

El Presupuesto Participativo (PP), una de las iniciativas más innovadoras impulsadas durante la alcaldía de Sergio Fajardo Valderrama, ha marcado una huella con aspectos positivos y negativos en Medellín. Por un lado, marcó un hito en la democratización de los recursos públicos y el fortalecimiento de las organizaciones sociales; por otro, su evolución en las tres últimas administraciones distritales ha puesto en evidencia graves problemas de politización que desvirtúan sus principios fundamentales. 

Politización y pérdida de recursos 

En las últimas tres administraciones, el Presupuesto Participativo ha sido transformado en un festín de contratación pública, afectado por procesos de intermediación que diluyen entre un 40% y un 60% de los recursos destinados a las comunidades. Este mecanismo de tercerización ha impactado negativamente la ejecución de los proyectos, además de generar una discrepancia entre las cifras oficiales y la inversión real que llega a los territorios, dejando a las comunidades con resultados muy inferiores a lo esperado. 

La Alcaldía ya priorizó 

En una muestra magistral de “participación democrática,” la Alcaldía es en realidad la que prioriza cuatro proyectos bajo la premisa de que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital y que, según el Departamento Administrativo de Planeación, se articulan con el Plan de Desarrollo Local, los temas son: Alianza Medellín Cero Hambre, formación en habilidades digitales y audiovisuales, infraestructura vial y gestión integral de residuos sólidos.  

Estos proyectos, marcados como estratégicos, es decir son programas bandera de la Administración Distrital y que supuestamente responden a necesidades esenciales, suman la modesta cifra de 5.400 millones de pesos, un monto que, siendo proyectos esenciales, debería ser cubierto con el presupuesto ordinario de la ciudad, sin embargo, son convenientemente cargados al programa de Presupuesto Participativo, en detrimento de otros priorizados por la gente de la Comuna 4. 

Para completar el cuadro, estos proyectos son estratégicamente plantados en los primeros cuatro lugares del tarjetón, en un intento de inducir a la ciudadanía a votar por ellos. Es importante precisar que la posición de los proyectos no obedece a un sorteo que garantice la transparencia, estas posiciones son definidas por la Administración Distrital. 

Así las cosas, aunque el ciudadano tiene la posibilidad de marcar varios proyectos, la prioridad de las “opciones oficiales” queda asegurada al presentarse como las primeras alternativas.  

Estas prácticas de la administración distrital debilitan el Presupuesto Participativo, reduciendo la autonomía de las comunidades a un rol de meros validadores y socavando su confianza al convertir una herramienta de empoderamiento ciudadano en un trámite para legitimar decisiones ya tomadas desde los escritorios. 

Otro aspecto no menos grave, es que haya proyectos desbordados en recursos, tal es el caso del Proyecto N°12 “Fortalecimiento del acceso y permanencia en la educación postsecundaria, Instituciones universitarias Pascual Bravo, ITM y Colegio Mayor” que con $9.373.172.281 que equivalen a cerca del 40% total del Presupuesto Participativo. 

El proyecto, aunque importante, con una cuantía de esta magnitud, le quitaría la posibilidad de ser priorizados a otros proyectos también relevantes. Es hora de colocar topes a los proyectos en aras de garantizar no solo la participación sino también la inclusión y la equidad. 

Mientras tanto los líderes sociales… 

La fragmentación de liderazgos en las comunas y corregimientos, sus peleas egocéntricas por el poder territorial o por figurar, ha debilitado la capacidad de las comunidades para articularse y ejercer un control efectivo sobre la administración de los recursos. Esta dispersión facilita que las decisiones se sigan tomando en los escritorios de la Alpujarra. 

La participación ciudadana, en muchos casos, se reduce a un ejercicio simbólico, a quienes involucran durante las épocas de votación para legitimar resultados que, en la práctica, carecen de veedurías comunitarias. 

En lugar de ser actores protagónicos, los habitantes de Medellín han sido relegados al papel de convidados de piedra en un proceso cuya narrativa es más participativa en el discurso que en la realidad. 

Aunque el Presupuesto Participativo fue concebido como un mecanismo transformador, su implementación actual demanda ajustes serios que garanticen transparencia, eficacia y verdadera participación comunitaria.  

Medellín no puede permitirse perder una herramienta tan valiosa para construir equidad y cohesión social. La recuperación de este instrumento debe pasar por devolverle su esencia. Es hora de que las comunidades vuelvan a ser las verdaderas protagonistas, decidiendo, haciendo veeduría, y garantizándose que los recursos realmente lleguen a donde más se necesitan. 

Si logramos devolverle su esencia, el Presupuesto Participativo no solo sobrevivirá, sino que se convertirá en el símbolo de una Medellín donde el poder, realmente reside en sus ciudadanos.