En Colombia, el caso de Sofía Delgado, una niña de 12 años asesinada en Candelaria, Valle, por un abusador de menores liberado por vencimiento de términos, nos enfrenta nuevamente a una dolorosa realidad: nuestros niños, niñas y adolescentes son víctimas de abusos y violencia que, con demasiada frecuencia, terminan en tragedias.
Este crimen hace parte de una larga lista de nombres: 375 vidas infantiles perdidas este año, hasta agosto. ¿Estamos haciendo lo suficiente para evitar que estos casos se repitan?
Las cifras son alarmantes y reflejan nuestra incapacidad para proteger la infancia. De ahí que debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Estamos como sociedad haciendo lo suficiente para evitar que estos casos se repitan?
Se nos enseña a ver a estos abusadores y asesinos como “monstruos,” pero debemos preguntarnos: ¿cómo es posible que en nuestras comunidades logren permanecer ocultos y que sus abusos se mantengan en silencio? Como sociedad, tenemos una responsabilidad ineludible para detectar y denunciar a quienes representan una amenaza para los más vulnerables.
Resulta inaceptable e injustificable que, en casos de depredadores sexuales, la falta de eficacia en la justicia permita que estos potenciales criminales regresen a las calles. Y es aún más alarmante que, cuando esto ocurre, no exista ninguna autoridad que asuma la responsabilidad de monitorear sus pasos para prevenir nuevas víctimas. Entiéndase: para evitar abusos o salvar vidas de los menores.
Los padres juegan un papel fundamental, pues en muchos de estos casos el abuso comienza en el entorno más cercano y en situaciones en que la protección debiera ser el pilar. Los padres deben estar atentos, proteger y educar a sus hijos, y tomar conciencia de que la indiferencia ante señales de alerta puede ser cómplice de estos terribles crímenes.
¿Cómo hacer justicia?
La legislación actual en Colombia ha demostrado ser débil y permisiva con quienes abusan de menores, generando una sensación de impunidad que perpetúa esta tragedia. Frente a esto, el debate sobre el castigo a estos crímenes no puede ser ignorado. Aunque algunos sectores piden la pena de muerte como un acto de justicia extrema, debemos preguntarnos si realmente es la solución.
¿Podemos como sociedad asumir el papel de jueces con el poder de quitar una vida, o sería más eficaz apostar por la cadena perpetua como medida disuasoria y de justicia contundente?
La cadena perpetua, aplicada sin excepciones para estos crímenes, podría representar una respuesta firme y un mensaje claro de que no se tolerará ningún tipo de violencia hacia la infancia. Sin embargo, también cabe cuestionar si las autoridades y la sociedad están haciendo lo suficiente para prevenir y detectar estas situaciones antes de que sea demasiado tarde.
¿Qué hacer?
¿Cómo reaccionamos cuando notamos un posible caso de abuso? ¿Somos pasivos, indolentes o incluso cómplices al guardar silencio? Las autoridades están llamadas a actuar con mayor responsabilidad y efectividad.
Es necesario fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta inmediata, mientras que como sociedad debemos entender que nuestra complicidad, a veces disfrazada de indiferencia, es parte del problema. Sin una acción colectiva decidida, seguiremos siendo testigos y víctimas de estos trágicos casos.
Finalmente, urge una legislación que castigue estos actos con la dureza que la sociedad exige. Pero también necesitamos unirnos, ser vigilantes y denunciar cualquier situación sospechosa que ponga en riesgo a nuestros niños.
Mientras no asumamos nuestra responsabilidad como sociedad y nos mantengamos al margen, Sofía Delgado y otros niños seguirán siendo solo cifras en una estadística sombría. Proteger a la infancia es un deber que nos corresponde a todos; el silencio solo nos hace cómplices.
